Ya era hora de que los políticos cayesen de la burra y se dieran cuenta del sinsentido de las exigencias de la SGAE, Promusicae y toda esta caterva de aprovechados. No es normal que las peluquerías tengan que pagar por poner la radio, ni que haya que hacerlo para poder bailar en una boda, ni que los alumnos de un instituto tengan que pagar 90 ridículos euros por representar Bodas de Sangre. A quien esto le parezca normal es que no tiene dos dedos de frente.
La subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pide al Gobierno cambios en este texto legal "para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor". Creen que el canon digital no debe acabar recayendo en los usuarios. A buenas horas, mangas verdes.
Hace poco, una estudiante canadiense de 17 años escribió, como trabajo para la clase de ética, un ensayo sobre las descargas de contenidos con derechos de autor. El texto acabó siendo un fenómeno social en Canadá y EEUU, comentado en blogs y en redes sociales. En él se pregunta por qué tantos internautas descargan ilegalmente en EEUU (en España y Canadá sigue siendo legal), si pueden sufrir graves consecuencias por ello. En el trasfondo del asunto está la propia concepción de lo que es o no justo, aparte de su legalidad o ilegalidad. Es un texto claro y sencillo, y merece la pena.
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